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septiembre - diciembre - 2019
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En los años 90, con la aparición
del turismo alternativo, surgen
propuestas por parte del sector
público para incentivar en zonas
naturales o rurales el fenómeno
que naturalmente estaba
concentrado únicamente en
lugares de playa del país. La
Comisión Nacional de Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
(CDI) no fue la excepción y
empieza a tomar en cuenta el
financiamiento a proyectos
productivos relacionados con
la actividad turística, como
una fuente generadora de
ingresos en las comunidades y
una alternativa económica que
permite conservar su patrimonio
natural y cultural (López &
Palomino, 2008).
Es así como inicia una época de inversión
de programas públicos por parte de esta
institución, focalizada únicamente en la
creación de cabañas, parques y tirolesas;
frecuentemente con el mismo diseño y material,
sin importar la localización de la organización,
carente de dar un seguimiento posterior para
brindar algún tipo de acompañamiento o
capacitación.
Paraísos indígenas:
un análisis a la política pública de su
nombramiento y funcionamiento
Juvera-Benítez